La seguridad es la base de la pirámide de Maslow, hecho que equivale a considerar que es la necesidad más básica del ser humano. Sólo la seguridad va a permitir progresar en la satisfacción de necesidades, desde las más elementales y objetivas, a las más sofisticadas y subjetivas. Pero ¿Qué es la seguridad? Entendemos por seguridad al hecho de estar libre de todo peligro. Lógicamente uno nunca puede estar totalmente seguro de ello de forma objetiva, pero una sociedad del bienestar y un estado social de derecho, debería reducir la inseguridad de índole objetiva y externa, al mínimo. La seguridad pues, tiene dos dimensiones: la objetiva, es decir la que puede concretarse, describirse y definirse y, la subjetiva referida a la propia percepción que tiene cada individuo, respecto a su propia seguridad.

1.- La seguridad como derecho

Un estado social de derecho debe tener como primera norma, garantizar la seguridad de sus ciudadanos, tanto a nivel personal, como de sus bienes, como del espacio público que es de todos, al contrario de lo que piensan algunos, que lo “consideran” como propio o de nadie. Las dos consideraciones creen que les autoriza a apropiarse de él, a través de cortes de tráfico o pseudomanifestaciones, que en realidad son apropiaciones o secuestros de dicho espacio, en aras a una creencia del tipo, “el fin” justifica los medios, afectando sus derechos “autoasignados” a los derechos positivos de los demás.
De los deberes ni cuestionarse…, parece ser que vivimos en una sociedad en que todos tienen derechos y nadie tiene deberes, consigo mismo y con los demás.
Entendemos por “derechos”, el hecho de tener garantizados unos reconocimientos, previamente pactados, en base a leyes; ética y/o moral, que permiten al beneficiario de las mismas, disfrutar de la protección que ofrecen.

“Deberes” serían su contraprestación, es decir, ningún derecho puede presuponer la vulneración de otros y, deben ser equilibrados con sus correspondientes deberes. Es decir, el hecho de manifestación conlleva el deber de respeto al espacio público (ni cortes de carretera, ni incendios de contenedores, ni enfrentamientos con la policía, ni vandalismo en el espacio público, ni grafitis, ni saqueos, ni ocupación, apropiación y secuestro del espacio público como propio, excluyente de los otros y sólo inclusivo de los manifestantes). Nadie que defiende unos supuestos derechos, puede coartar los de los demás. Es más, el derecho de circulación y libertad de los demás, es un deber que deben respetar los manifestantes. Hay que recordarles que el fin no justifica los medios, es más, la forma es parte del fondo, por lo cual, al descalificarse la forma, se afecta y
cuestiona al fondo que le sirve de excusa. (Los convocantes deben velar para que no se vulneren los derechos de los otros, mientras se ejercen los propios).

Algunos ejemplos paradójicos en relación a la seguridad y el estado social de derecho.

1) Okupación. El domicilio particular es inviolable. La policía sólo puede entrar con una orden judicial o bien si sabe a ciencia cierta que se está cometiendo un delito.

En la práctica, cualquier persona puede okupar una vivienda, violando la inviolabilidad de la misma, si pasan 48 h. o hay niños y ancianos. El okupador “adquiere” unos “derechos” que pasan por encima del “propietario”, que sufre indefensión y se suspende de facto el artículo I de la Constitución Española. Es decir, se considera que aquella es “su vivienda”, y ni el legítimo propietario, ni la policía, puede entrar…disponiendo el okupador de bienes y enseres como si fueran propios…. Todo un despropósito que atenta contra la razón y el sentido común más elemental, aunque la ley lo avale, incomprensiblemente, claro ejemplo que lo legal, puede no ser éticamente legítimo.

2) Apropiación. Cualquier grupo de manifestantes puede cortar las vías del tren o el acceso a la autopista, o poner barricadas en la misma, también pueden asaltar comercios (no sólo pueden, sino que de hecho lo hacen), así como quemar contenedores, deteriorar el espacio público, impedir su libre tránsito, enfrentarse con la policía…, saldándose con unas pocas detenciones, costes ingentes para la propiedad; así como para reponer mobiliario y contenedores… ¿Quién paga los desperfectos? Los ciudadanos con sus impuestos. ¿Quién compensa los daños colaterales de los demás ciudadanos? Nadie
La desprotección ciudadana es el hecho. Cualquier explicación sólo relato.

3) Los grafitis es otra forma de apropiación, incívica con el espacio público, e insultante para con el ciudadano que tiene derecho a una ciudad limpia, pagada con sus impuestos. No una bazofia en cada persiana comercial, entrada de garaje, muros de jardines e incluso puentes de autopistas… Si la administración no puede evitarlo es incompetente, y si no pretende hacerlo, cuestionable en su dejadez de funciones.

En realidad, existe una dominación totalmente ilegítima, de las personas y sus bienes, por parte de unos supremacistas arrogantes, que imponen su ignorancia y coerción, de manera constante, por tanto, reiterativa sin ser objeto de enmienda personal o corrección política.

Ni el sentido común, ni la ética pública, ni la ética cívica, ni la ética normativa, ni la teleológica, ni la deontológica lo permiten. ¡Cuidado con las legalidades no legítimas…!

4) Áreas de asentamientos excluyentes. Existen zonas en nuestro país, ponemos tres como ejemplo: “Barrio de los 3000” en Andalucía, la “Cañada Real” en Madrid, el “Raval” en Barcelona en dónde la libre circulación, por parte de cualquier ciudadano, es peligrosa y desaconsejable sin medidas excepcionales de seguridad. ¿Es esto justo? ¿Es esto normal? ¿Es esto equitativo?
Si un estado social de derecho tolera estas realidades, debe replantearse si su denominación refleja, lo que en realidad sustenta.

5) El azar delincuencial. Hurtos, atracos, desvalijamientos, destrozos, estafas, agresiones, violaciones, violencia, homicidios, se producen con demasiada frecuencia, principalmente en zonas de alta densidad. Depender del azar para no ser el triste protagonista, es pedirle demasiado al ciudadano, y a la suerte….
Hay dos indicadores que deberían hacer sonrojar a los responsables de esta situación:

a) El número de detenciones policiales (muchos delincuentes acumulan más de 200…).
b) El número de reincidentes (deberían replantearse la eficacia de las medidas “reeducativas” o de “reinserción”, en base al ratio coste /eficacia…) Posiblemente su utilidad es sólo permitir un empleo a una multitud de “reeducadores”, “mediadores”, “responsables de talleres” …
c) Este denso azar tóxico delincuencial, es tan contaminante, o más que las partículas sólidas en suspensión, que tanto preocupan…

6) Actores. Como actores directamente responsables de esta situación, identificaríamos:

a) Los propios delincuentes, que se sienten poco perseguidos por un sistema hipergarantista, que limita en extremo las actuaciones policiales y revierte con facilidad el rol de víctima- delincuente.
Ejemplos clásicos de esta situación, son los de la proporcionalidad represiva y la defensa propia
Proporcionalidad represiva

Si la policía actúa con proporcionalidad a la agresión recibida, al igual que si los jueces aplican penas que se consideran proporcionales , el resultados puede ser el de la paradoja de un “empate técnico”, es decir que la inhibición de la conducta tendrá poco refuerzo negativo, tendiendo a reproducirse frente a un estímulo que se presente con mayor refuerzo, percibido/ vivenciado como de mayor interés por parte del delincuente; también “aprende” éste cómo comportarse en un sistema que le “incomoda” poco.
Esta es una de las razones de la reincidencia. Los dos máximos responsables de esta situación creada, no natural ni espontánea, son:

b) Los políticos que a través del partido o de su alianza hegemónica, detenta el poder. En la sede de los partidos se juegan “las partidas” que luego se escenifican en el hemiciclo parlamentario y/o en las comisiones “ad-hoc”.
Ello se traduce en un despliegue de leyes, a todas luces excesivas, para la reducida capacidad de gestionarlas por el aparato judicial (posiblemente la falta de medios humanos, formación no adecuada a las necesidades, así como los limitados recursos tecnológicos, son determinantes). ¿Quién realmente “hace” las leyes? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo se evalúan o corrigen? ¿Con qué indicadores y criterios?.

c) Aparato judicial. Comúnmente se dice que los políticos, a través del Parlamento, hacen leyes y, los jueces las interpretan.

Para interpretarlas se basan en dos mecanismos:
c.1- Relato de la acusación (pruebas incriminatorias)
c.2- Relato de la defensa (pruebas absolutorias)

Ambos relatos tienden a ser lo más objetivos posibles, no obstante, el concepto de interpretación, es altamente subjetivo; produciéndose en realidad un tránsito en el proceso judicial de lo descriptivo-objetivo al subjetivo-interpretativo.

Sería conveniente saber qué formación han recibido los sujetos que desarrollan una profesión en la que deben interpretar situaciones comportamentales humanas sobre psicología compleja de la modificación de conducta, neurología del comportamiento desviado o,sociopatología de la conducta criminal, entre otras disciplinas esenciales, para desenvolverse en tan compleja profesión.
Considerando que las leyes son para el sujeto y no el sujeto para las leyes, el desequilibrio formativo entre psicología y derecho es abrumador… (quién sabe mucho de poco, le es difícil saber algo de todo…)

d) Defensa delegada. Es fácil entender, dentro de un discurso lógico, que la defensa propia es la última “ratio” en un estado social de derecho. Ello puede y debe hacerse innecesario, en base a que se cumplan tres requisitos previos:

  • Sociedad cívica, solidaria y pacífica, que cultural, social y colectivamente ha marginado el delito.
  • Suficiencia represiva las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, actúan con contundencia, por supuesto dentro de una legalidad, para la mayor protección de las víctimas.
  • Suficiencia inhibitoria las leyes se endurecen en la línea de ser más coercitivas respecto al estilo de vida de los delincuentes. Debe revisarse tanto el procedimiento carcelario como los medios de modificación de su conducta delictiva. Sería del todo oportuno la elaboración de un Plan Estratégico al respecto.

Si no pueden garantizarse los tres puntos anteriores, deberíamos abordar en buena lógica el tema de la defensa propia.

e) Defensa propia Esta sólo debe producirse en casos extremos, cuando hayan fallado todas las “delegadas” en los actores sociales responsables, bloqueadores a su vez de la propia defensa.

Considerando que el/los delincuentes controlan el momento, la intensidad y la durabilidad y que la víctima se encuentra lógicamente en inferioridad de condiciones, debería ser pertinente plantearse cómo reforzar su capacidad defensiva. Un tema que no debe pasarse por alto, es que, si se prohíbe o restringe la defensa personal, la “defensa delegada” debería hacerse responsable de las consecuencias, pues ni ha protegido, ni ha permitido protegerse a la víctima.
El debate debería realizarse entre legalidad y legitimidad, entre ley y ética, entre control social e instinto de conservación, entre proactividad del delincuente y reactividad del ciudadano, antes que éste sea víctima.

Hemos iniciado esta reflexión, sobre derechos y deberes. El principal derecho de una víctima es la reparación en lo posible del daño sufrido, el tiempo que transcurre entre delito y pena, agrava aún más el daño y agravio sufrido. La justicia lenta no es justicia, de la misma manera que un exceso de garantismo respecto al delincuente en base a sus derechos, es condenar vicariamente a la víctima con déficits de los suyos, imponiéndole unos deberes de espera y restitución, que el sentido común reprueba, la ética señala y a la dignidad afrenta.
Se habla mucho más de derechos que de deberes. Típico de una sociedad egoísta, insolidaria y por tanto decadente. Debería señalarse a los que tienen mayor responsabilidad en que así sea, para apartarlos definitivamente de lo público y sumergirlos en el oprobio por parte de la ciudadanía crítica, y por tanto exigente.

2.- Negocio

La seguridad mueve ingentes cantidades de recursos y de dinero descartamos en esta reflexión los ámbitos propios de la sanidad y de la asistencia social, motivo de otra reflexión, para centrarnos en la seguridad como necesidad previa a cualquier actividad, sea laboral, intelectual, social, biológica, cultural, económica, lúdica, ideológica o espiritual.

Si contabilizáramos los costes policiales dedicados a la seguridad entre recursos humanos, técnicos y económicos, las inversiones en cárceles y espacios para detenidos o custodiados, los costes de todo el aparato jurídico, así como sus instalaciones, costes de seguros, horas laborables perdidas, empresas de seguridad, alarmas, rejas, vallas, instalaciones de protección, costes de presunta “rehabilitación” de los delincuentes, presumiblemente la ratio inversión/eficacia es altamente negativa. Costes en salud física y psíquica de las víctimas, costes para restauración, ocio, viajes que deben soportar desincentivadores y/o anulaciones por miedo e inseguridad principalmente nocturna … Estos enormes costes que graban tanto lo público como lo privado, podrían dedicarse a otros menesteres priorizables, si la justicia fuese eficaz, la ciudadanía más crítica y exigente y los delincuentes e incívicos más aislados controlados e inhibidos. Debemos en este punto, replantearnos el rol de las universidades, aún enquistadas en sus facultades, departamentos y cátedras. Aparte de formar profesionales, podrían asistir técnicamente a la sociedad en sus demandas y necesidades, asesorando a políticos en sus decisiones, recuperando un “nihil obstat” en este caso científico. Por ejemplo; las facultades de psicología, pedagogía, antropología y sociología tendrían mucho que decir en la confección de programas de rehabilitación y actividades substitutorias de la cárcel típica, como espacio de reclusión, y a la vez receptora de oferta rehabilitadora.

3.- Mito

Entendemos por mito a un constructo que permite razonar bajo el velo de la alegoría. La aplicación en genérico de un contenido, en el cual el fondo se asimila a la forma mediante la idea, difiriendo de la alegoría, ya que, en esta idea y forma concebidas separadamente, se vinculan mediante relaciones arbitrarias.
La seguridad total es un mito. El ser humano, finito psicobiológicamente, es un ser que debe gestionar su incertidumbre. Nada le es seguro, excepto la muerte, cierto como final biográfico, incierto en el espacio-tiempo. La seguridad respecto a su salud, también es frágil pues uno puede estar objetivamente sano y, subjetivamente encontrarse mal y viceversa.

La medicina preventiva aconseja las bases de un estilo de vida sano, que, combinado con una constitución normal, en un sentido estadístico, permite “acogerse” a una cierta seguridad de cantidad y calidad de vida. El estado social de derecho debería velar para que ningún ciudadano se sintiera socialmente inseguro, tanto a nivel sanitario como asistencial. Por supuesto que todo el territorio nacional, debería ser garante del derecho que todo ciudadano-contribuyente tiene de serle libre su tránsito, independientemente de horarios y zonas. Si no puede comprometerse en esta garantía, debería denominarse de otra manera, además de permitir que el ciudadano pudiese ejercer sin trabas su legítima defensa… No confundir el monopolio de administrar seguridad, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con la exclusión de la propia defensa, cuando éstas no la pueden asumir. El dilema está servido…, ahora los responsables de resolverlo
deberían sentirse apremiados por la exigencia ciudadana de su respuesta. La doble faz del estado social de derecho es la consecución del estado de bienestar, a partir del cual, cada ciudadano debería poder realizar su proyecto vital de autorrealización, que inexcusablemente debe incorporar su aportación social al bien común y, compensar con sus deberes, la exigencia de sus derechos, cuando sea merecedor de los mismos.

Dr. Francesc Xavier Altarriba
Director del Instituto de Prospectiva y Análisis de la Realidad Social Krebs.
Fundador Vicepresidente de la M.I. Academia de Cultura Europea